Pablo Póliczer, Los modelos del horror. Represión e información en Chile bajo la dictadura milita

Plaza, Camilo

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Palimpsesto. Revista Científica de Estudios Sociales Iberoamericanos

PALIMPSESTO 9:6, 2016  94 Pablo Póliczer, Los modelos del horror. Represión e información en Chile bajo la dictadura militar. Santiago: Lom Ediciones, 2014, 251 páginas.  Los estudios sobre la historia de la violencia estatal tienden a construirse desde el diálogo con la politología, sociología, antropología  y psicología, proponiendo distintos marcos de análisis que nutren el debate académico. En este sentido, Los modelos del horror del politólogo Póliczer es un notable estudio comparativo sobre la represión ejercida durante la dictadura cívico-militar chilena, vale decir, establece vínculos con otros casos de estudio que se vieron afectados por gobiernos de facto con el propósito de comprender la forma en la que se organizó la coerción entre los años 1973-1978. A partir de la aplicación de un modelo de monitorización interna y externa analiza los cambios más relevantes que vivieron los aparatos coercitivos del régimen: la creación de la DINA y su posterior reemplazo por la CNI. Pese a las disficultades archivísticas que presenta el tema por la escasez documental abierta al público (muchos archivos están aún cautivos, si es que ya no han sido destruidos) y la complejidad propia de las organizaciones a estudiar, el autor construye un corpus a partir de la prensa, entrevistas, y documentos oficiales desclasificados tanto de Chile como de Estados Unidos. A su vez, se apoya en bibliografía secundaria específica sobre la materia. Así, a partir de los datos recogidos por otros especialistas –y con la sabida complejidad que ello conlleva- realiza  un análisis detallado y cuidadoso de un material evidentemente complejo.   Explicar la represión durante la dictadura, sin reducirla a un fenómeno inherente o propio de una situación de crisis institucional o estatal, no es fácil porque se tiende a omitir los debates, consensos y negociaciones que se dan al interior de los sectores comprometidos con ella. En este sentido, el estudio de Póliczer es un gran aporte ya que señala que esta fue el resultado de situaciones concretas, de la interacción de distintas fuerzas internas y externas, de decisiones racionales dentro de un abanico de opciones, todas con pros y contras, en relación a los posibles costos que significaba re-ordenar la sociedad. Los gobernantes evalúan y actúan dentro de un ámbito de posibilidades, en donde el omnipoder figura más bien como una duda. No se trata de justificar, en absoluto, sino que se busca proponer un marco de análisis que entienda el ejercicio concreto del poder y la trayectoria de los organismos represivos creados por la Junta Militar, la que no fue ni automática, ni lineal, ni carente de contradicciones. Aparece aquí, como partida, la paradoja que envuelve el proceso de organizar y gestionar estos aparatos. Por una parte, deben tener atribuciones y herramientas suficientes para asegurar el orden interno. Pero, por otro lado, no pueden ser  extremadamente poderosos  ni de amplias atribuciones, pues eventualmente pueden volverse una posible amenaza para el régimen, tanto porque pueden derrocar al gobierno como porque los hechos de un organismo “desbocado” pueden traer más perjuicios que beneficios (descrédito y presión internacional, por ejemplo). Desde esta óptica, formular posibles modelos de coerción entra a jugar un rol protagónico dentro de una esfera propiamente política, contraria a la consabida e insistente adscripción del régimen militar por lo ´apolítico´ y por la toma de decisiones idealmente más cercana al argumento técnico (militar, en este caso) antes que a la pugna de actores, RESEÑAS  95 a los conflictos de interés y a los costos (también políticos, por cierto) que implicaron finalmente la aparición de la DINA y luego de la CNI. La trastienda de ambas habita en un espacio político, no obstante, particular. Si bien las dictaduras limitan o prohíben el ejercicio de la política entendido en su acepción más clásica, como el debate libre de ideas, con la existencia de una oposición pública y una ciudadanía capaz de manifestarse en las urnas, esto no las excluye del hacer político. De hecho, el autor señala que “[i]ncluso en las dictaduras cerradas, los gobernantes deben decidir cómo resolver los dilemas inherentes a la organización de la coerción, lo que implica decidir entre diferentes opciones organizacionales. Estas medidas son inevitablemente políticas: requieren cancelar algunas opciones y optar por otras, a menudo con un gran costo político” (p. 21)  Póliczer entiende el proceso de organización de los aparatos coercitivos bajo dos premisas. La primera es la afirmación de que ningún gobernante, ni en el régimen más cerrado y unipersonal, puede gobernar solo. Es por esto que se vuelve necesario buscar y optar por la forma más conveniente dentro de las posibles alternativas de organismos estatales de coerción que coordinen sus acciones y que permitan un control suficiente de parte del Gobierno. De aquí se desprende la necesidad de controlar los actos cometidos por los miembros de estos organismos. De esta manera, la recopilación de información se vuelve un problema fundamental en este esquema, pues faculta a los gobiernos para supervisar la forma en la que sus agencias represivas se desempeñan. En esta segunda premisa aparecen dos opciones a disposición para esto. La primera es conseguir información por dentro, con entes supervisores del gobierno a través de informes, evaluaciones etc. Otra forma es delegar, con un grado variable según sea el caso, esta tarea a fuentes externas de información como la prensa, el poder judicial u organismos de la sociedad civil. La primera forma es definida por Póliczer como Monitorización Interna (MI), y considera una serie de variables o indicadores graduados con una intensidad baja, media y alta para definir, a su vez, si este tipo es baja, media o alta. Considera la elaboración de informes de los agentes a sus superiores y de éstos a las agencias internas de seguimiento, la presencia de un ente centralizador de información y la cantidad de monitores según el número de agentes. Son también relevantes para medir la MI el grado de confianza de los jefes sobre sus subalternos, la coordinación entre entes encargados de la coerción y por último el grado de corrupción o la motivación personal evidenciada por los agentes a la hora de realizar sus operaciones.  Paralelamente, la Monitorización Externa (ME) se gradúa de la misma forma que la interna, pero considera otros indicadores como la presencia de un interlocutor u ombudsman, el acceso a los prisioneros por parte de familiares y entes fiscalizadores, la confiabilidad en los informes de los monitores, la presencia de organismos de derechos humanos, la existencia de medios de comunicación independientes, de leyes de libertad de información, la capacidad de  supervigilancia legislativa y la jurisdicción de la justicia sobre los casos. Según la variación de todos estos factores se puede definir la relación entre ambos tipos de monitorización, de donde se desprenden tipos de coerción como la “coerción burocrática” (MI alta y ME baja, caracterizada por su brutalidad y “eficacia”), la “coerción transparente” PALIMPSESTO 9:6, 2016  96 (MI alta y ME alta, propia de países democráticos, con alto control tanto desde el Ejecutivo como desde la sociedad civil ), la “coerción ciega” (MI baja y ME baja, coerción de tipo aleatorio y poco sistemática) y la “coerción escondida” (MI baja y ME alta, marcado por el interés de los agentes de esconder información versus la alta capacidad de actores externos para acceder y denunciar los casos) Estas categorías de análisis le permiten al autor efectuar ejercicios comparativos para estudiar diferentes casos de coerción, como lo realiza el autor tomando también (aunque en la parte final y anexos del libro) los antecedentes del “proceso” argentino, de la República Democrática Alemana y de la Sudafrica del apartheid.   Los modelos del horror consta de ocho capítulos. Los dos primeros corresponden a lo que se ha dicho hasta el momento, es decir, introducen al problema y proponen con precisión el marco de análisis que se utilizará. El objeto de estudio comienza a ser tratado propiamente en el capítulo tres, que caracteriza brevemente a las fuerzas armadas chilenas y algunos sucesos relevantes antes del golpe de 1973, como el tacnazo, el tanquetazo y el asesinato del General Schneider. Aunque con una óptica de poca profundidad cronológica, se logra demostrar que en las Fuerzas Armadas, la intervención en la política era un tema que dividía a sus miembros y que la purga posterior al golpe dentro de la tres ramas y Carabineros suscitó importantes problemas de jerarquía tanto dentro de cada una como entre las cuatro instituciones, como se verá después. De la misma forma se evidencia que ideológicamente las Fuerzas Armadas no eran del todo uniformes. ¿Cómo y contra quién defender el país? ¿Cuáles son los límites de dicha misión? Un importante planteamiento propuesto aquí es que, además de la confusión interna, en los hechos, los militares comenzaron a realizar tareas que -hasta por lo menos mediados del siglo XX- eran responsabilidad de las policías, como las labores antisubversivas o el uso de la tortura, donde se verá un traslape notable entre ambas. El problema de fondo que se quiere exponer es el amplio manto de confusión existente sobre los militares una vez en el poder, con mayor fuerza entre 1973 y 1974, en donde no se tenía claridad de la efectiva misión de la Junta, sus normas de funcionamiento interno, su duración en el tiempo y, lo que nos importa, como llevar a cabo y de manera exitosa la “guerra civil” que insistentemente vieron como existente en el país. El autor atribuye la crudeza y el alto número de bajas que ocurrieron, así como el elevado número de torturas durante 1973 precisamente a la falta de Monitorización Interna y Externa. No había un “protocolo” claro sobre cómo lidiar con los prisioneros, lo que dio bastante libertad a las autoridades militares locales para actuar a discreción. Al no existir un organismo central que supervisara las prácticas represivas, la responsabilidad cayó individualmente sobre las jerarquías de las cuatro ramas que componían la junta. Por otro lado, las posibilidades de una efectiva Monitorización Externa, principalmente la justicia y la prensa de oposición, se vieron muy reducidas durante este primer momento, salvo algunos observadores externos como la Cruz Roja o la posibilidad de los familiares de visitar a los detenidos (algoque que será imposible una vez que comenzó a operar la DINA). Destaca aquí la misión de Sergio Arellano como primer intento de Monitorización Interna por parte de Pinochet, que buscó imponer una política represiva uniforme y RESEÑAS  97 bastante más dura en relación a algunos casos específicos, haciendo caso omiso de las jerarquías para aplicar “justicia sumaria”. Fue una clara prueba de la confusión que imperaba al interior de las Fuerzas Armadas y de la necesidad  de configurar un organismo aparte, pero centralizado, para llevar a cabo la guerra declarada por la dictadura y para consolidar el poder de Pinochet dentro de la junta. El capítulo cuatro problematiza sobre la aparición de la DINA, que no se explica del todo por las ansias de poder de Pinochet ni de Contreras ni tampoco por una “evolución natural” de las Fuerzas Armadas, como señalan los principales argumentos existentes hasta la fecha (cual?, ejemplo de un texto. Se pone solo autor y fecha). La DINA significó la aparición de un organismo sin precedentes y con tremendas atribuciones incluso sobre los organismos de inteligencia propios de cada rama. Hizo eco de la necesidad del régimen de llevar a cabo una coerción coherente y que siguiera lineamientos claros que, por un lado, aseguraran resultados y eficacia y que, por otro, fueran capaces de controlar la ola de críticas que comenzaron a surgir y a dañar la imagen externa del gobierno.. La imposición del proyecto de Manuel Contreras por un organismo que centralizara las políticas represivas, fue aceptada por la Junta o Pinochet? ya que daba respuesta a estas dos necesidades, aunque traía aparejados costos y posibles riesgos propios de dotar a un organismo de este tipo de amplias atribuciones. Por lo tanto, la DINA (capítulo cinco) significó un aumento en la Monitorización Interna a la vez que una disminución en la Monitorización externa, por ejemplo, el destino de los prisioneros y de los muertos se volvió materia de difícil acceso en relación a las evidentes detenciones masivas y ejecuciones en la vía pública de 1973. La DINA llevó a cabo operaciones más eficaces con un número evidentemente menor en cuanto a muertes y detenciones, las que, por la forma en la que eran llevadas a cabo, permitieron al régimen la posibilidad de recurrir a la “negación plausible” ante la presión externa, desvinculándose de responsabilidad frente los casos ocurridos. No obstante, la DINA no tuvo todo el éxito que se esperaba, no aumentó significativamente la Monitorización Interna y tampoco centralizó las operaciones y la información, llegando incluso a generar tensiones al interior del gobierno y de sus partidarios, quienes mantenían reparos frente a un organismo que vigilaba y sospechaba incluso de quienes se consideraba como adherentes al régimen. El paso de la DINA hacia la CNI significó para el régimen un mayor control y acceso a los monitores externos sobre la información de las víctimas. En el paso de la DINA a la CNI fue fundamental la presión externa que se desató sobre todo a partir del caso del asesinato de Letelier (con el consiguiente empeoramiento de la imagen del país en el concierto internacional), pero también las críticas que surgieron desde el flanco interno; es decir, desde sectores que, en relación a Manuel Contreras, se situaban en una postura más “blanda” en lo tocante a las formas de la coerción (la prensa, algunos civiles del gobierno e incluso algunos militares como Odlanier Mena). Por lo mismo, era necesario institucionalizar el régimen y evitar el recrudecimiento de pugnas internas, y la DINA era perjudicial en ambas, pues generaba disenso dentro de las fuerzas armadas y era la posibilidad para Pinochet de construir un régimen unipersonal, como lo fue el caso de Franco en España. PALIMPSESTO 9:6, 2016  98 En este esquema explicativo, Póliczer se pregunta en el capítulo siete: ¿por qué Pinochet iba a tolerar que se le restara poder a través de la institucionalización y por qué iba a permitir la reestructuración de una agencia que era central en su protagonismo? De nuevo, entendiendo las limitaciones con las que incluso un dictador como Pinochet se podía encontrar, lo que aquí se ve es un juego de transacciones, en el que cediendo a la reformulación del aparato de coerción, conseguía afianzar su poder -aunque algo más restringido- en una institucionalización de su posición dominante en la Junta. Esta medida fue muy bien recepcionada por el sector civil que participaba de la dictadura como fue el caso del ideólogo gremialista Jaime Guzmán, quien buscaba consolidar los cambios estructurales operados por la dictadura para evitar una situación como la de España, en donde la muerte de Franco significó el inicio de un período de reformas. Con la CNI aumenta la MI, pues pasa a rendir cuentas al Ministerio del Interior (ocupado por un civil), pero también la ME, ya que aparecen nuevos organismos que tienen más amplitud de acción para observar las acciones del régimen. Esto era una ventaja a su vez para el mismo régimen pues permitía conocer los actos de sus agentes. El caso más notable fue la colaboración que se suscitó a propósito del “caso degollados” entre la Comisión Chilena de Derechos Humanos y la CNI para “compartir información y coordinar actividades” (p. 163), en una clara señal de que el régimen comenzó a confiar, en parte, en la información emanada desde los organismos de la sociedad civil. Se descomprimía también la crítica de sus detractores respecto a las limitaciones al acceso de información respecto a los hechos cometidos por agentes del Estado. El capítulo ocho es un ejercicio comparativo respecto a la monitorización interna y externa en relación a la dictadura en Argentina, la República Democrática Alemana y Sudáfrica en los tiempos del apartheid. Es un aporte con mero ánimo especulativo y que deja de lado importantes variables para comparar los casos, como la ideología detrás de cada régimen o la presencia de grupos armados. Algunas conclusiones generales se pueden desprender desde el caso chileno y de los otros casos brevemente analizados según los grados de MI y ME, como la posibilidad de una coerción irregular, difícil de controlar y un mayor número de personas asesinadas donde ambas sean bajas (como en el primer año de la dictadura) o la posibilidad de influir sobre la agenda represiva de los regímenes que tienen los grupos encargados de desempeñar la ME y la posibilidad para los gobernantes de sacar provecho de esta situación si saben controlar y dosificar las aperturas en los canales de información. Los actores encargados de la ME pueden funcionar como verdaderos “enclaves democráticos” en contraposición al concepto de “enclaves autoritarios” utilizado en contextos posdictatoriales, y contribuyen a contrapesar y eventualmente a moderar las acciones de los gobiernos (no sólo dictatoriales). Si bien la precaución de que las afirmaciones vertidas en toda la obra están sujetas a cuestionamiento y corroboración por parte de futuros investigadores (deseablemente con nuevas evidencias en la mano), esta última parte es la que posee un carácter más provisional, y que proyecta las posibilidades de la investigación, como el aplicar el mismo marco analítico a otros períodos de la historia de Chile, a RESEÑAS  99 gobiernos democráticamente electos, o cuestionar y complementar los indicadores que componen las formas de monitorización. El autor es consciente de los alcances y límites de su trabajo y que éste deja una serie de variables fuera del análisis y numerosas inquietudes. Aquí la apuesta es por una propuesta específica que, como todas, prioriza, selecciona y omite. Sin ser un modelo rígido, se presenta como una valiosa herramienta de análisis, que permite la incorporación de nuevos antecedentes, haciendo necesaria la toma de postura por la demanda de la apertura de archivos que hasta hoy permanecen ocultos.  Camilo Plaza Armijo. Magíster en Historia, Universidad de Santiago de Chile. Santiago de Chile, 19 de febrero de 2016.      

Pablo Póliczer, Los modelos del horror. Represión e información en Chile bajo la dictadura militar

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