ANÁLISIS DE LA POLÍTICA PÚBICA EN CURSO SOBRE LA INTERMODALIDAD MARÍTIMO-FERROVIARIA

A detailed analysis of the current government policy in relation to the promotion of maritime-rail intermodality is addressed. The study addresses the issue from a global approach, typical of the Science of Administration, trying to expose what are the possibilities offered by the development of the railway for the entire port system and the Spanish economy in the perspective of its connection with the rest of Europe and its link with the main routes of international maritime traffic; as well as for the decarbonisation of our transport system and the fight against climate change within the SDGs of the UN General Assembly's 2030 Agenda. It is a matter of identifying in a schematic way, how the actions designed and in execution are carried out within the classic scheme of creation, formulation, implementation and evaluation of a public policy maintained by the most prominent authors of scientific doctrine.Se aborda el análisis detallado de cuál es la política gubernamental en curso en relación con la promoción de la intermodalidad marítimo-ferroviaria. El estudio aborda la cuestión desde un planteamiento global, propia de la Ciencia de la Administración, intentado exponer cuales son las posibilidades que ofrece el desarrollo del ferrocarril para el conjunto del sistema portuario y la economía española en la perspectiva de su conexión con el resto de Europa y su enlace con las principales rutas del tráfico marítimo internacional; así como para la descarbonización de nuestro sistema de transportes y la lucha contra el cambio climático dentro de los ODS de la Agenda 2030 de la Asamblea General de la ONU. Se trata de identificar de modo esquemático, cómo se concretan las actuaciones diseñadas y en ejecución dentro del esquema clásico de creación, formulación, implementación y evaluación de una política pública mantenido por los autores más destacados de la doctrina científica

Régimen jurídico y control jurisdiccional de los reales decretos reglamentarios

La tesis aborda el análisis sobre cuál es el estado actual del régimen jurídico de la potestad reglamentaria del Consejo de Ministros, así como de las distintas acciones previstas en el Ordenamiento jurídico español para su control jurisdiccional. De modo más específico, en primer lugar, se realiza un examen del concepto actual de Real Decreto reglamentario, la potestad sobre la que se fundamenta; cuál es el proceso de su elaboración regulado principalmente en el artículo 24 de la Ley del Gobierno 50/1.997 de 27 de noviembre.. Además, trata de fijar la posición y aplicabilidad de la citada norma dictada por el Consejo de Ministros en el conjunto de fuentes que integran el Derecho español (comenzando por la Constitución que positiviza la mayoría de principios generales del Derecho y la Ley). Asímismo, el Investigador examina las diferentes clases de normas reglamentarias que puede dictar el Ejecutivo en función precisamente de cuál sea su conexión con la Ley y aborda el régimen de su vigencia en el tiempo. A continuación, en segundo término, el trabajo doctoral presentado estudia los diferentes controles internos a los que se encuentran sometidos los Reales Decretos reglamentarios por la Administración General del Estado. Procede, igualmente, a realizar una exposición de los diferentes regímenes jurídicos de control jurisdiccional de la potestad reglamentaria o de la delegación legislativa que el Legislador atribuye al Poder Ejecutivo tanto en la tradición de Derecho continental europeo como del Derecho anglosajón. El estudio prosigue con un examen sobre la evolución y el estado actual de los diferentes controles jurisdiccionales en Derecho español a los que se encuentran sujetos los reglamentos del Gobierno y cuya competencia alcanza principalmente al Tribunal Supremo pero también al Tribunal Constitucional e, incidentalmente, al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Respecto de la competencia del Tribunal Supremo, en concreto, el autor analiza la doctrina de los vicios invalidantes en el sistema de impugnación de reglamentos; el trámite de inadmisibilidad; las figuras jurídicas de la excepción de ilegalidad, el recurso directo, recurso indirecto y la cuestión de ilegalidad; el control jurisdiccional de los Decretos legislativos y, por último, el alcance de la declaración de nulidad contenida en las Sentencias que estiman contrario a Derecho un reglamento del Gobierno. Finalmente, cabe destacar que el trabajo de investigación realizado incluye también una indagación específica sobre el procedimiento de ejecución de las Sentencias del Tribunal Supremo que declaran la nulidad de los reglamentos aprobados por Real Decreto del Consejo de Ministros

The stowage regime: the relevance of the complex regulatory framework

Abstract: Nowdays Spanish stevedores are adressing a complex process of reforms traying to cope with guidelines imposed by the Judment of the European Union Court of Justice given on 11 December 2014. The pretense of social agents to achieve stability and guarantee in keeping essential working conditions which maked it possible to improve dock workers sector must be combined with the judicial imposition of liberalisation what is making it difficult permanent and global arrangements.La estiba en España se encuentra en la actualidad en pleno proceso de transformación como consecuencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014. La pretensión de los agentes sociales por lograr la estabilidad y el mantenimiento de las condiciones básicas laborales que permitan el crecimiento del sector se han de conjugar con la exigencia de su liberalización impuesta por la jurisprudencia lo que dificulta acuerdos permanentes y globales.Depto. de Derecho AdministrativoFac. de DerechoTRUEpu

Análisis de la política sobre los puertos de interés general

La política pública sobre los puertos de interés general representa una de las actuaciones más relevantes que se desarrollan bajo la guía de la Administración General del Estado pues constituye una competencia que resulta instrumental en la estructuración económica de España. Especialmente destacada es la proyección que tiene en el transporte internacional y para el crecimiento del sector exterior. Se trata además de un tema, hasta el momento presente, inédito desde la perspectiva de la Ciencia de la Administración. Debe hacerse notar asimismo que el portuario es uno de los sectores que más ha resultado afectado por los cambios competenciales y organizativos provocados por la aprobación de la Constitución Española de 1.978 que dió lugar al nacimiento del actual cuadro de actores públicos. Habiendo aparecido además, ya con carácter previo a su análisis en profundidad, como un sector muy dinámico en el que se han ensayado nuevas formulas institucionales y de gestión. No debiendo olvidarse, por ultimo, la evolución que ha sufrido desde la década de los años noventa del siglo pasado al compás de las directrices de liberalización que se han dictado por los sucesivos Gobiernos dentro de los llamados ¿sectores económicos regulados¿. La investigación se marca como objeto de estudio la nueva política pública desarrollada por el Ministerio de Fomento desde 2.009 hasta el momento presente. El estudio aborda, a lo largo de los Capítulos segundo a décimo, un meticuloso análisis de los marcos teórico y jurídico; la evolución de la organización portuaria; cuál es el sistema de gestión; la mejora del sistema liberalizado para la prestación de los servicios portuarios; cuál es el régimen económico; y la consideración de las consecuencias sociales y económicas de la política portuaria implementada. Entre las conclusiones más destacadas, conviene mencionar que la política pública examinada emplea de modo continuo el recurso a la cooperación e implicación activa de los diferentes grupos-objetivo y, en menor medida, de los beneficiarios. Imponiendo las medidas adoptadas, en cualquier caso, la existencia de relaciones intergubernamentales al más alto nivel entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Al mismo tiempo, uno de los recursos empleados, desde el principio, ha sido el de la plasmación de las ideas de cambio a nivel legal partiendo del necesario consenso político. Pudiendo concretarse, en definitiva, la tesis alcanzada en sostener que la nueva política portuaria que parte del acuerdo entre los sujetos implicados consigue un elevado nivel de satisfacción orientando a la comunidad portuaria hacia un `continuo proceso de cambio y perfeccionamiento¿. Un proceso caracterizado por la sostenibilidad económica y ambiental, la libre competencia entre los operadores y la eficiencia en la consecución de los objetivos. Configurándose los puertos del Estado como `elementos clave del desarrollo económico español¿, no sólo como sistema logístico y de nodos intermodales sino también como generador de iniciativas económicas, de investigación tecnológica y de innovación

The new formation of legal relationships between the municipalities and the ports of general interest: from confrontation to colaboration. Port of Málaga

Las relaciones jurídicas que han existido históricamente entre los Ayuntamientos y los Puertos marítimos radicados en sus respectivos términos municipales constituye una de las muestras más señaladas de «confrontación administrativa». Sin embargo, el conjunto de las competencias concurrentes que ostentan los Entes Locales y las Autoridades Portuarias sobre el territorio portuario consigue su efectivo encaje en virtud del principio de especialidad lo que determina, en la práctica, una aplicación preferente de la normativa sectorial. En cuanto al proyecto específico del puerto de Málaga, el mismo constituye un ejemplo señalado de planificación a largo plazo pues la operación comienza a gestarse en los años ochenta del siglo XX, no siendo hasta comienzos de la segunda década del siglo XXI cuando concluye. También de previsión y análisis de las nuevas necesidades de tráfico portuario captando dos tipos de tráfico en expansión: el de contenedores y el de cruceros marítimos en la búsqueda de una mayor economía, eficiencia, productividad y seguridad en las operaciones portuarias. Y finalmente, representa una muestra acabada de confluencia del puerto con la ciudad, en una relación simbiótica que permite un fortalecimiento mutuo.The legal relations that have historically existed between the City Councils and the Seaports located in their respective municipal boundaries constitute one of the most marked examples of "administrative confrontation". However, the set of concurrent powers held by Local Authorities and Port Authorities over the port territory achieves its effective fit by virtue of the principle of speciality, which determines, in practice, a preferential application of sectoral regulations. As for the specific project for the port of Malaga, it is a strong example of long-term planning, as the operation began to take shape in the eighties of the twentieth century, not being until the beginning of the second decade of the twenty-first century when it concluded. It also forecasts and analyses the new needs of port traffic, capturing two types of expanding traffic: container traffic and maritime cruise ships in the search for greater economy, efficiency, productivity and safety in port operations. And finally, it represents a finished example of the confluence of the port with the city, in a symbiotic relationship that allows for mutual strengthening.Depto. de Derecho AdministrativoFac. de DerechoTRUEpu

Las conferencias arítimas en el ámbito de la Unión Europea: el final de una exención a la libre competencia

Paper studies recent changes have happened in EU maritime regulations about shipping conferences, a classic agreement between shipowners, to set freight rates in ocean transports, that now is forbidden. New Regulation applies EC competition rules to international maritime traffic with European seaports.El artículo aborda el estudio de los recientes cambios operados en el seno de la Unión Europea en la regulación de las conferencias marítimas, acuerdos entre operadores marítimos para la fijación de precios que, de ahora en adelante, se consideran definitivamente prohibidos por contrarios a la libre competencia