Análisis jurisprudencial y doctrinal de la normativa aplicable en materia de ejecución de sentencias contencioso-administrativas y de las dificultades de su obligado cumplimiento

The subject of the present study, as clearly indicated in its title, is the legal and doctrinal analysis of the applicable law on enforcement of administrative dispute judgments. It is intended as a useful work for both the reader starting out in the field, and for the professional who wants to obtain the minimum regulatory, legal, and doctrinal knowledge necessary to ensure enforcement of an administrative dispute resolution declared valid or full legal validity of any enforcement event that any party might request during the procedure. To this end, the study presents the basic concepts related to the implementation of administrative dispute judgments, analyzes the major milestones of the process to consider in each case, and goes into detail on the analysis of the causes of the impossibility of material or legal enforcement of a judgment by means of the applicable legal criteria.El presente estudio tiene por objeto, como bien indica su título, el análisis jurisprudencial y doctrinal de la normativa aplicable en materia de ejecución de sentencias contencioso-administrativas. El mismo pretende ser un trabajo útil tanto para el lector que se inicia en la materia, como para el profesional que desea obtener los conocimientos normativos, jurisprudenciales y doctrinales mínimamente necesarios para alcanzar con plenas garantías de éxito la ejecución de una resolución contencioso-administrativa declarada firme o la plena viabilidad jurídica de cualquier incidente de ejecución que a lo largo del procedimiento pueda ser necesario instar por alguna de las partes. A tal efecto, el estudio presenta los conceptos básicos vinculados a la ejecución de sentencias contencioso-administrativas, analiza los principales hitos del procedimiento a tener en cuenta en cada supuesto y profundiza en el análisis de las causas de imposibilidad material o legal de ejecución de una sentencia a través de los criterios jurisprudenciales de aplicación

Los sistemas de actuación para la ejecución del planeamiento urbanístico. Análisis crítico de la figura del agente urbanizador a través de la legislación urbanística valenciana: objetivos, resultados y perspectivas

En los últimos años, los legisladores autonómicos han introducido en sus respectivos ordenamientos jurídicos nuevos sistemas de actuación para afrontar las emergentes necesidades generadas como consecuencia de la incesante demanda de suelos urbanos o urbanizables aptos para la edificación. Concretamente, en el año 1994 la Comunidad Valenciana instauró la figura del agente urbanizador mediante la aprobación de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, reguladora de la Actividad Urbanística Valenciana, más popularmente conocida como LRAU. Objeto de críticas y controversias, dicha norma revolucionó el panorama urbanístico valenciano, permitiendo que cualquier promotor pudiera presentar un Programa Urbanizador sobre un terreno (Programa de Actuación Integrada o PAI), con independencia de que éste fuera o no de su propiedad. Fruto de esta regulación y de la actuación no conforme a Derecho de Administraciones públicas y promotores, miles de ciudadanos europeos residentes en la Comunidad Valenciana han sido víctimas de una presunta aplicación abusiva de dicha normativa. Esta circunstancia ha conllevado la reciente mediación de las más altas instituciones europeas, conllevando la rápida aprobación de una nueva Ley Urbanística Valenciana (que ya se estaba tramitando en las Cortes Valencianas) que respetará plenamente las Directivas Comunitarias (especialmente, en materia de contrata­­­ción pública). Así, a finales del año 2005 fue aprobada la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana (LUV), mediante la que se han introducido importantes novedades con el propósito de garantizar la adecuación de la normativa urbanística valenciana a las recomendaciones emitidas por el Parlamento Europeo en su reciente Resolución de fecha 7 de diciembre de 2005, la cual recoge la propuesta contenida en el «Informe Fourtou» de fecha 5 de diciembre de 2005 emitido por el mismo Parlamento. Teniendo en cuenta la particularidad de la situación de partida, el presente estudio pretende ofrecer una visión retrospectiva de cuál era la regulación prevista en la LRAU (ya derogada), así como los objetivos que se pretendían alanzar con su aplicación, sus efectos prácticos y los principales focos de conflicto que se han desencadenado durante su vigencia. Finalmente, se describen brevemente cuáles son las principales modificaciones introducidas en la nueva LUV, haciendo una especial referencia a lo indicado por el Parlamento Europeo en la referida resolución. En cualquier caso, será necesario esperar un tiempo prudencial para poder analizar, desde una perspectiva objetiva, los resultados de la nueva regulación que, a priori, promete ser no menos problemática que la anterior

La modificación de los contratos de prestación de servicios de recogida de residuos urbanos tras la nueva Ley de Economía Sostenible. El caso de la implantación del sistema de recogida selectiva

The object of the present study it is the analysis of the legal regime applicable to contractual changes, specifically in the scope of management contracts of public waste collection. In this study we analyze, through a practical and teaching mode, the doctrine of the advisory bodies and the jurisprudence of our courts, what is the legal regime applicable to contract modifications, and the limits that prevail on them. For this purpose, we expose what are the law applicable to carry out a change in management contracts for public services. By other hand we also talk about the applicable regulations on waste alluding to most records contract modification in order to justify the extension or modification of the services originally contracted. Subsequently, the study delves into the legal system and the requirements to be met for carry out legally viable contract modifications, with particular focus on changes that Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (LES), has introduced on the Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, and these have been collected by the Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público in order to reduce the wide margin of discretion. By this way, it is compared and analyzed the legal regime applicable to contractual modifications initiated before to the starting of the LES with the regime applicable after that date, in order to facilitate the reader the comparison between the legal systems and especially the identification of the changes introduced by this law.Constituye el objeto del presente estudio el análisis del régimen jurídico aplicable a las modificaciones contractuales y, en concreto, las de contratos de gestión de servicios públicos de recogida y transporte de residuos. En el mismo se analiza, de forma práctica y didáctica a través de la doctrina de los órganos consultivos y la jurisprudencia de nuestros tribunales, cuál es el régimen jurídico aplicable a las modificaciones contractuales, así como los límites que imperan sobre las mismas. A tal efecto, se expone cuál es la normativa en materia contractual que deberá tenerse en cuenta para llevar a cabo una modificación en contratos de gestión de servicios públicos, así como la normativa aplicable en materia de residuos a las que aluden la mayoría de expedientes de modificación contractual para justificar la ampliación/modificación de los servicios inicialmente contratados, entre otras cuestiones, para incorporar sistemas de recogida selectiva e, incluso, neumática. Posteriormente, el estudio se adentra en el régimen jurídico y los requisitos que deben concurrir para que las modificaciones contractuales proyectadas sean jurídicamente viables, haciéndose especial hincapié en los cambios que la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible ha introducido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y que han sido recogidos por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público con el propósito de reducir el amplio margen de discrecionalidad del que, hasta ahora, venían aprovechándose las Administraciones públicas para ampliar consecutivamente el objeto de los contratos adjudicados configurando, en realidad, contratos totalmente distintos a los originarios. De este modo, se analiza de forma independiente el régimen jurídico aplicable a las modificaciones contractuales iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la LES del que debe aplicarse a las modificaciones iniciadas con posterioridad a dicha fecha, para facilitar al lector, de forma ilustrativa, la comparación entre ambos regímenes jurídicos y, especialmente, la identificación de los cambios introducidos por dicha norma