La equidistribución del coste de la incertidumbre causal en el Derecho de daños

Judges before compensation claims usually do not know if there was truly a causal connection between the damage produced and a particular event. The rule of proportional liability distributes the weight of uncertainty between the two parties involved. The victim gets partial compensation commensurated with the probability that he or she would have ceased to suffer the harm but for the wrongful act. The agent responds in proportion to causal probability. This rule has been developed under different labels (liability for «suspected» cause, Market-Share-Liability Approach, Loss-of-a-Chance Approach). The research develops the general theory of causation and proof to address the rationale of proportional liability, that is, to find the reasons why it can be said that a certain legal system has established it for cases of causal uncertainty against the very established and widespread criterion that total liability based on the proof of causation is the only possible liability. It will also try to delimit the scope of application of this rule, that is, the cases of causal uncertainty ruled by proportional liability. Normative basis of proportional liability are legal provisions typifying it as a solution to casual uncertainty. Its application to other cases is ultimately justified in the competence traditionally assigned to judicial bodies to create rules addressing the equal dignity of the parties through techniques such as analogy, extensive interpretation or precedent. Proportional liability, as a norm based on equality, is virtually usable to deal with the problem of causal uncertainty throughout the entire field of Law of Damages, except in cases ruled by special evidentiary criteria designed to overprotect some interests to the detriment of others (eg, in environmental liability, where applies the All-or-Nothing Approach based on a threshold of certainty that allows to proof of causal connection with ease).Este trabajo ha obtenido el 1.er Premio «Estudios Financieros» 2018 en la modalidad de Derecho Civil y Mercantil. Con frecuencia el juzgador que tiene entre manos una reclamación de responsabilidad civil o patrimonial no sabe si hubo verdaderamente conexión causal entre el daño producido y el hecho enjuiciado. La regla de la responsabilidad proporcional distribuye en estos casos el peso de la incertidumbre entre las dos partes implicadas: la víctima obtiene una indemnización parcial acomodada a la probabilidad de que hubiera dejado de padecer el daño de no haber mediado el hecho ilícito o, lo que es lo mismo, el agente responde en proporción a la probabilidad causal. Esta regla viene desarrollándose bajo diferentes etiquetas (responsabilidad por causa «sospechada», cuota de mercado o pérdida de oportunidad). La investigación desarrolla la teoría general de la causalidad y la teoría de la valoración probatoria para abordar el fundamento o justificación de la responsabilidad proporcional, esto es, hallar las razones por las que puede afirmarse que un determinado sistema jurídico la ha establecido para casos de incertidumbre causal en contra del asentadísimo y extendidísimo criterio de que la única responsabilidad posible es la total basada en la prueba cumplida de que hay una probabilidad suficiente de que, sin el hecho ilícito (o con la conducta debida), el daño no se hubiera producido. También para delimitar el ámbito de aplicación de esta regla, esto es, determinar los casos de incertidumbre causal gobernados por la responsabilidad proporcional. El fundamento normativo de la responsabilidad proporcional son, sencillamente, las previsiones legales que la han tipificado como solución a la incertidumbre causal. Su aplicación a otros casos se justifica en última instancia en la competencia tradicionalmente asignada a los órganos judiciales para crear reglas que atienden a la identidad de valor de las partes mediante técnicas tales como la analogía, la interpretación extensiva o el precedente judicial. La responsabilidad proporcional, en tanto fundada en la igualdad, es virtualmente utilizable para afrontar el problema de la incertidumbre causal en sentido propio en todo el ámbito de la responsabilidad civil o patrimonial, salvo en los casos gobernados por reglas probatorias especiales destinadas a sobreproteger unos intereses en detrimento de otros (p. ej., en responsabilidad medioambiental, donde rige el sistema binario del todo o nada fundado en un umbral de certidumbre que permite afirmar la conexión causal de daños ecológicos con facilidad)

La manifiesta incompetencia del Estado para ejercer la tutela financiera sobre los entes locales

La Administración General del Estado se considera responsable de la tutela financiera de los entes locales integrados en determinadas comunidades autónomas, las que, careciendo del régimen especial vinculado a la foralidad, cuentan con Estatutos que no mencionan específicamente la tarea. De modo que, cuando el legislador encomienda un acto de fiscalización al nivel de gobierno que tenga atribuida la tutela financiera, el Ministerio de Hacienda se da por aludido. Ello le lleva a asumir respecto de los entes locales de aquellas comunidades una función ejecutiva tan importante para la configuración del poder local como es el informe preceptivo y vinculante de sostenibilidad financiera previsto en el artículo 7.4 de la Ley de bases del régimen local. Esta situación de hecho choca abiertamente con el sistema de distribución competencial, tal como lo ha interpretado el Tribunal Constitucional respecto de la tutela financiera, en general, y del indicado informe de sostenibilidad, en particular. Contrariamente a lo que ocurre en la práctica, resulta inconcuso que el Estado no tiene atribuida la tutela financiera de ente local alguno y, correlativamente, que la tienen todas las comunidades autónomas, en cuanto titulares de las competencias de ejecución en materia de régimen local

History of the concept of subjetive right within spanish administrative law

Bajo el influjo del liberalismo conservador, con el objetivo de construir un Estado amplio hegemonizado por la administración pública, el Derecho administrativo español desarrolló muy pronto la teoría de la doble personalidad estatal y, con ello, la distinción entre el derecho subjetivo ordinario o derecho subjetivo de carácter civil (posición jurídica frente al Estado, en cuanto persona civil situada en pie de igualdad, merecedora de plena protección judicial) y el derecho subjetivo de carácter administrativo o interés legítimo (posición jurídica frente a la administración en estado de mando merecedora de una protección administrativa menor en beneficio del interés general). A partir de los años cincuenta del siglo xx recuperó elementos clave del liberalismo genuino, entre ellos el concepto clásico (ordinario) de derecho subjetivo. La tendencia ha sido a que: (i) todo el Derecho administrativo objetivo sea derecho subjetivo bajo la condición de que el incumplimiento del primero afecte singularmente a quien esgrime el segundo en el proceso, con independencia de la finalidad de la norma; y (ii) quien sufre las extralimitaciones del poder, en cuanto titular de derechos, tenga garantizada una protección judicial plena con garantías de imparcialidad e igualdad de armas, así como la posibilidad de practicar prueba y obtener condenas a hacer. Al igual que en los ordenamientos vecinos, la ficción ha jugado un papel decisivo en esta evoluciónUnder the influence of conservative liberalism and willing a broad State hegemonized by the public administration, Spanish Administrative Law very early developed the theory of the dual state personality and the resulting distinction between ordinary subjective right or subjective right of civil character (legal position vis-à-vis the State, as a civil person situated on an equal footing, deserving full judicial protection) and subjective right of an administrative nature or legitimate interest (legal position vis-à-vis the administration in command state deserving of minor administrative protection because of the general interest). However, from the fifties of the twentieth century Spanish Administrative Law has recovered key elements of genuine liberalism, including the classical (ordinary) concept of subjective right. The trend has been for: (i) every norm of Administrative Law is a subjective right under the condition that the breach of the first one affects whoever wields the second one in the process, regardless of the purpose of that rule; and (ii) whoever suffers infringements is holder of rights and therefore deserves full judicial protection with guarantees of impartiality and equality of arms, as well as the possibility of taking evidence and obtaining convictions. As in neighboring legal systems, fiction has played a decisive role in this evolutio

El derecho a la acción en el contencioso-administrativo español

El presente estudio aborda sumariamente el problema del control judicial de la administración en España a fin de contextualizar la cuestión de la acción en nuestro contencioso-administrativo. Ilustra cómo, en el marco del humanismo europeo de la segunda postguerra mundial y del nuevo constitucionalismo, el ordenamiento español viene reconociendo el derecho a la acción en muy amplios términos. Concluye que el Derecho de la Unión Europea no ha sido un factor particularmente relevante a este respecto. También que la Constitución libra amplios márgenes para que el legislador ajuste el orden contencioso-administrativo a criterios de eficiencia, evitando el colapso por acumulación de asuntos, salvo en lo que afecta, precisamente, al derecho fundamental de acceso a la jurisdicción. The present essay summarily addresses the problem of judicial review of administration within Spanish Law in order to contextualize the issue of action in our contencioso-administrativo. It illustrates how, in the framework of the European humanism following the Second World War and the new constitutionalism, the Spanish system has recognized the right to action in very broad terms. It concludes that European Union law has not been a particularly relevant factor in this regard. Also that the Constitution frees ample margins for the legislator to adjust the contencioso-administrativo to criteria of efficiency, avoiding collapse due to the accumulation of cases, except in what affects, precisely, the fundamental right of access to the jurisdiction

Governmental liability for adverse reaction to vaccination: General system with special reference to the case of Covid-19

El presente estudio tiene por objeto determinar si la víctima de reacciones adversas de una vacuna, en general, y de la del covid-19, en particular, tiene derecho a indemnización y, en caso afirmativo, determinar la(s) autoridad(es) o empresa(s) que debiera(n) hacerse cargo de ella. La mayor o menor autonomía conferida al individuo es la clave para determinar las eventuales consecuencias resarcitorias de aquellas reacciones adversas. Por tal razón, el estudio se estructura alrededor de los tres modelos básicos de vacunación que pueden distinguirse atendiendo a su carácter más o menos obligatorio: sistema de vacunación voluntaria o libertad plena; sistema de vacunación forzosa u obligación plena; y sistema de vacunación recomendada o libertad parcial/obligación atenuada. El trabajo aborda separadamente cada uno de ellos, describiéndolo en abstracto, ejemplificándolo en concreto y señalando la problemática constitucional que suscita, lo que incluye un análisis sobre su constitucionalidad, la eventual dimensión constitucional de la indemnización del daño vacunal y la viabilidad del recurso de amparo. Tras ello, explico en cada caso el régimen indemnizatorio correspondiente de acuerdo con el sistema de responsabilidad patrimonial y los fondos compensatorios que podrían eventualmente constituirse. La estrategia de vacunación instaurada específicamente en España frente al covid-19 responde a (y exacerba) el modelo de vacunación recomendada. La cuestión de la responsabilidad por las reacciones adversas resultantes se abordará dentro del epígrafe relativo a este modelo. El cuadro sinóptico incluido en el último epígrafe resume y refleja sistemáticamente las conclusiones obtenidasThe purpose of this paper is to find out whether the victim of adverse reactions to a vaccine, in general, and the one against covid-19, in particular, is entitled to compensation and, if so, to determine the authority(ies) or company(ies) that should take charge of it. The greater or lesser autonomy conferred on the individual is the key to determining the possible compensatory consequences of those adverse reactions. For this reason, the study is structured around the three basic models of vaccination that can be distinguished according to their more or less mandatory nature: voluntary vaccination or full freedom system; compulsory vaccination or full obligation system; and recommended vaccination or partial release/attenuated obligation system. The paper addresses each one of them separately, describing it in the abstract, exemplifying it specifically and pointing out the constitutional problems that it raises, which includes an analysis of its constitutionality, the possible constitutional dimension of compensation for vaccine damage and the viability of the recurso de amparo. Afterwards, I explain in each case the corresponding compensation regime in accordance with the governmental liability system and the compensatory funds that could eventually be created. The vaccination strategy specifically established in Spain against covid-19 responds to (and exacerbates) the recommended vaccination model. The issue of liability for resulting adverse reactions will be addressed under the heading for this model. The synoptic table included in the last section summarizes and systematically reflects the conclusions obtaine

La distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas a la luz de las sentencias constitucionales sobre la reforma local de 2013

Dos sentencias constitucionales recientes (SSTC 41/2016 y 111/2016, sobre la reforma local de 2013) cobran gran relevancia desde la perspectiva de la estructura territorial de España. Vienen a interpretar las reglas constitucionales y estatutarias que articulan la distribución del poder público y las propias bases del régimen local. El presente estudio desentraña el significado atribuido a las reglas de distribución competencial y a las bases, sistematizando la doctrina constitucional y aislando lo que hay de viejo y de nuevo.Depto. de Derecho AdministrativoFac. de DerechoFALSEpu