La prescripción de la acción de nulidad de la cláusula de gastos y de la acción de restitución de los gastos abonados

Una de las cuestiones más debatidas en relación con la cláusula de gastos en los préstamos hipotecarios es la relativa a la prescripción. Este trabajo examina si la reclamación del consumidor (prestatario) contra el prestamista está sometida a prescripción. A estos efectos es necesario distinguir entre la acción de declaración de nulidad de la cláusula abusiva y la acción de restitución de las cantidades abonadas en ejecución de la cláusula. La primera no prescribe, pero la segunda sí. Se analiza cuál es el plazo de prescripción de esta segunda pretensión y el día en que comienza a correr el plazo (dies a quo). También se expone el tratamiento que de la prescripción han hecho los tribunales de primera y segunda instancia

Una TAE del 26 % en un crédito revolving está dentro del interés normal del dinero, y una TAE más elevada solo es usuraria si es “notablemente superior” a esa cifra

The STS (Sala 1ª) 43/2022, of October 4, establishes that an APR of 23% to 26% in a revolving credit granted between 1999 and 2009 is a usual APR at that time for this type of credit. This paper examines the scope of this doctrine. It also analyzes how to calculate the "normal interest on money" of a revolving credit granted from 2011, and the role that the statistics published by the Bank of Spain play at this point.La STS (Sala 1ª) 43/2022, de 4 de octubre, establece que una TAE del 23 % al 26 % en un crédito revolving concedido entre 1999 y 2009 es una TAE habitual en esa época para ese tipo de crédito. Este trabajo examina el alcance de esta doctrina. Analiza también cómo calcular el “interés normal del dinero” de un crédito revolving concedido a partir del año 2011, y el papel que en este punto juegan las estadísticas publicadas por el Banco de España

Conocimiento potencial del acreedor, diligencia de las partes y publicidad de los Registros públicos en la determinación del dies a quo del plazo de prescripción: STS 1200/2023, de 21 de julio (caso Talidomida II)

The STS (1st Chamber) 1200/2023, of July 21, issued in connection with the damages caused by thalidomide, deals with the dies a quo of the action for compensation for damages. The decision fully assumes the subjective criterion for determining the dies a quo, linked to the creditor's potential knowledge of the facts on which the action for damages is based. This is a very important ruling, since it relates the commencement of the limitation period to the diligence and good faith of the parties, the creditor's consultation of experts or public registry and the fraudulent concealment by the debtor of the facts on which the claim is based.La STS (Sala 1ª) 1200/2023, de 21 de julio, dictada al hilo de los daños causados por la talidomida, se ocupa del dies a quo de la acción de indemnización de daños. La resolución asume íntegramente el criterio subjetivo de determinación del dies a quo, vinculado al conocimiento potencial por el acreedor de los hechos que fundamentan la acción de daños. Se trata de una sentencia importantísima, pues pone en relación el inicio del plazo de prescripción con la diligencia y la buena fe de las partes, la consulta por el acreedor de expertos o de Registros públicos y la ocultación dolosa por el deudor de los hechos que fundamentan la pretensión

El “nuevo” concepto de consumidor y empresario tras la Ley 3/2014, de reforma del TRLGDCU.

La Ley 3/2014 introduce cambios importantes en el TRLGDCU. En particular, da una nueva redacción a los artículos 3 y 4, relativos al concepto de consumidor y de empresario. En este trabajo se examina la nueva definición de consumidor y de empresario, comparándola con la existente antes de la reforma y con la contenida en la Directiva 2011/83/UE, de 25 de octubre, sobre los derechos de los consumidores

Hacia una nueva regulación europea del crédito al consumo: la posición del Consejo, de 7 de junio de 2022, sobre la Propuesta de Directiva de crédito al consumo

On June 30, 2021, the European Commission has published a Proposal for a Directive on consumer credit. On June 7, 2022, the Council reached a position (“general approach”) on the proposal for a Directive. It is a compromise text that incorporates the changes to be introduced in the Commission's initial Proposal. In the present work, this last text is succinctly examined, in particular by comparing it with the current regulation on consumer credit contained in Directive 2008/48/CE.El 30 de junio de 2021 la Comisión Europea ha publicado una Propuesta de Directiva sobre el crédito al consumo. El 7 de junio de 2022 el Consejo se ha alcanzado una posición (“orientación general”) sobre la propuesta de Directiva. Se trata de un texto transaccional que incorpora los cambios que han de introducirse en la Propuesta inicial de la Comisión. En el presenta trabajo se examina sucintamente este último texto, en particular comparándolo con la actual regulación sobre crédito al consumo contenida en la Directiva 2008/48/CE

Interpretación de los arts. 22, 24 y 30 de la Directiva 2008/48/CE, sobre contratos de crédito al consumo, y sus efectos en el derecho español (STJCE de 12 de julio de 2012, asunto C-602/10)

Nota a la STJUE de 12 de julio de 2012, (C-602/10

Imposibilidad de recalcular los intereses moratorios en los préstamos hipotecarios, fijándolos en tres veces el interés legal del dinero, cuando la cláusula que los impone es abusiva (STJUE de 21 de enero de 2015)

La STJUE 21.1.2015 establece que el límite máximo de los intereses moratorios previsto en la Disposición Transitoria 2ª de la Ley 1/2013 no vulnera la Directiva 93/13/CEE, de cláusulas abusivas, si la cláusula de intereses moratorios no es abusiva. Pero si la cláusula es abusiva, el juez tendrá que declararlo así, y no podrá modificar su contenido, ni reducir su cuantía a tres veces el interés legal del dinero, como prevé la citada Disposición Transitoria; pues la cláusula abusiva se tiene por no puesta y no vincula al consumidor. La STJUE también establece que si la cláusula es abusiva, el juez no podrá aplicar una disposición supletoria del derecho nacional que establezca la cuantía del interés de demora o permita al juez fijar su importe. De ello parece deducirse que tras la nulidad de la cláusula por abusiva no cabe aplicar el art. 1108 CC

Recogida y traslado de cadáveres por mandato judicial: ¿está el consumidor obligado a abonar el precio de este servicio?

En los casos de muerte violencia o con indicios de criminalidad, el juez ordenará la práctica de la autopsia (art. 343 LECrim). Para ello el cadáver tiene que ser recogido y trasladado al lugar idóneo para su práctica. ¿Quién debe abonar ese servicio de recogida y traslado del cadáver? ¿Los familiares del fallecido o la Administración de Justicia? La situación se complica cuando, como en el caso de la provincia de Albacete, ese servicio únicamente puede realizarlo una empresa funeraria, que es la que ha contratado con la Administración de Justicia la prestación de ese servicio en exclusiva

Para reclamar contra el vendedor por la falta de conformidad del bien, ¿es necesario aportar la factura o tique de compra?

Para que el consumidor pueda reclamar contra el vendedor por la falta de conformidad del bien vendido, el vendedor suele exigir la factura o tique de compra. En este trabajo se examina si la presentación del tique de compra es un presupuesto necesario para que el consumidor pueda reclamar contra el vendedor, y si el justificante de haber pagado el precio con la tarjeta de crédito sirve para probar que el consumidor adquirió ese bien en ese establecimiento comercial

Los intereses moratorios en la Ley 1/2013, o sobre la necesidad de interpretar el artículo 114.III LH y la Disposición Transitoria 2ª de la Ley 1/2013 conforme a la Directiva 93/13/CEE

La validez/nulidad de la cláusula que fija los intereses moratorios, y los efectos de la declaración de nulidad de esta cláusula, ha merecido la atención de las SSTJCE 14.6.2012 y 14.3.2013. La reciente Ley 1/2013 también se ocupa de los intereses moratorios, estableciendo límites cuantitativos a estos intereses en algunos préstamos  hipotecarios. El objeto de este trabajo es analizar el régimen jurídico de los intereses moratorios previsto en la Ley 1/2013, y en particular, juzgar la conformidad de los preceptos que los regulan con la Directiva 93/13/CEE, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, a la luz de la cuestión prejudicial de 16 de agosto de 2013 planteada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Marchena