Belo Monte Dam: un caso para la legitimidad de derechos de tercera generación

With the increasing threats that climate change represents, environmental preservation needs to be urgently addressed. Economic growth and increasing energy demand have been pushing the Brazilian government to expand energy generation. The construction of the Belo Monte Dam in the Amazon promises to solve the problem. Nevertheless, the dam has caused great environmental and social impact and harmed local people livelihood which has made them engage in the struggles for their rights. MAB is the representative body of this population and has put forward the new agenda of third-generation rights. Over the years, the movement has grown into a national organization but still has not been able to enforce policies to protect the rights of dam-affected people. Since the beginning of the construction of the dam in 2011, entire communities have been displaced while an enormous contingent of workers and immigrants have moved to the area. As a result, there has been an increase in social problems, such as unemployment, drug abuse, prostitution, etc., in the urban periphery around the dam site. Without much governance, these problems together with high violence rates have become a threat to human rights.Con las crecientes amenazas que representa el cambio climático, la preservación del medio ambiente debe abordarse con urgencia. El crecimiento económico y la creciente demanda de energía han estado presionando al gobierno brasileño para expandir la generación de energía. La construcción de la represa Belo Monte promete resolver el problema. Sin embargo, la represa ha causado gran impacto ambiental y ha dañado socialmente los medios de subsistencia de las poblaciones locales, lo que la ha llevado a involucrarse en las luchas por sus derechos. MAB es el cuerpo representativo de esta población y ha presentado la nueva agenda de los derechos de la tercera generación. Con los años, el movimiento se ha convertido en una organización nacional, pero aún no ha podido aplicar políticas para proteger los derechos de las personas afectadas por la represa. Desde el comienzo de la construcción, comunidades enteras han sido desplazadas, mientras que un enorme contingente de trabajadores se ha trasladado al área. Como resultado, ha habido un aumento de los problemas sociales como el abuso de drogas, la prostitución, violencia, etc. en la periferia urbana alrededor de la represa. Sin mucha gobernabilidad, estos problemas se han convertido en una amenaza para los derechos humanos