El gobierno abierto como un nuevo hito en la evolución del Estado social y democrático de derecho

Open government constitutes the next stage in the evolution of the social and democratic state of law. It can be defined as a state based on transparency, as a mean to involve citizenship in participation and collaboration with public. Given that the City Hall is the closest administration to the citizen and allows the participation of the latest in public affairs, it seems the most appropriate level of government for the implementation of open government.At this moment, this participation is mainly done through information technology and communication, and this is a trend which tends to grow exponentially, so it is important to define the concept of open government for its present and future implementation, a task for us to deal with.Currently, the best examples and experiences of open government are in America, while in Spain heterogeneity and lack of conviction in these projects is observed. However, despite the situation, some initiatives that may well serve as a model to be followed by other territorial governments shall be highlighted. One of the difficulties we will encounter is the identification and implementation of the legal regime that open government and its pillars (transparency, participation and collaboration) is governed. Such regulation is contained in the pre-existing rules, starting with the European Treaties and the Constitution, with special references to the LOPD –analyze the problem «open data» versus «personal data»– but also new laws that seek to respond, usually with little delay and destination, the new sociotechnological reality. The Spanish Transparency Law is a good example of it. To adapt this policy to all the peculiarities of each level of government, public administrations have their regulatory powers, therefore local governments could lead to transparency and open data regulations or citizen participation. The process is complex as several legal, technological and social factors have to be taken into account. Once the open government form is implemented as a way of government, there will be no reversal in this evolutionary process of democracy, as citizens will not accept a democratic backsliding.Este trabajo ha obtenido el Accésit Premio Estudios Financieros 2014 en la modalidad de Derecho Constitucional y Administrativo. El gobierno abierto (open government) constituye la siguiente fase en la evolución del Estado social y democrático de derecho. Se puede definir como aquel que se basa en la transparencia como medio para involucrar a la ciudadanía en la participación y en la colaboración con lo público. Habida cuenta de que el ayuntamiento es la administración más cercana al ciudadano y cauce inmediato de participación de este en los asuntos públicos, parece el nivel de gobierno más idóneo para la implantación del gobierno abierto. En el presente momento esta participación se realiza principalmente a través de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y esta es una tendencia que tiende a crecer de forma exponencial, por lo que es importante definir bien el concepto gobierno abierto de cara a su mejor implantación presente y futura, una tarea que nos corresponde abordar. En la actualidad, los mejores ejemplos y experiencias de gobierno abierto se encuentran en América, mientras que en España se observa heterogeneidad y falta de convicción en estos proyectos, si bien en el lado positivo destacamos algunas iniciativas que bien pueden servir de modelo a seguir por otros gobiernos territoriales. Una de las dificultades que vamos a encontrar es la identificación y aplicación del régimen jurídico por el que se rige el gobierno abierto y sus pilares (transparencia, participación y colaboración). Dicha regulación se encuentra en las normas preexistentes, comenzando por los tratados y la Constitución, con mención especial de la LOPD –se analiza la problemática «datos abiertos» versus «datos personales»–, pero también en las nuevas leyes que tratan de responder, normalmente con retraso y poco tino, a la nueva realidad sociotecnológica. La Ley española de Transparencia es buena muestra de ello. Para adaptar toda esta normativa a las peculiaridades de cada nivel de gobierno, las distintas administraciones públicas disponen de su potestad reglamentaria, que en los gobiernos locales podría traducirse en ordenanzas de transparencia y datos abiertos, o de participación ciudadana. El proceso es complejo, ya que debe tener en cuenta factores legales, tecnológicos y sociales, pero imparable. Una vez se implante el gobierno abierto como forma de gobierno, no habrá marcha atrás en este proceso evolutivo de la democracia, ya que el ciudadano no aceptará un retroceso democrático