43 research outputs found

    Characteristics of and determinants of the density of contributions in a Private Social Security System

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    This paper investigates previously unresearched issues pertaining to the well-known Chilean innovations in Social Security. Previous empirical studies of the Chilean system used aggregate and macro data, without attention to individual heterogeneity. This study uses new household survey data, linked with Social Security records for over 20 years, to analyze selected reform issues related to social security coverage and the density and continuity of contributions to the social security system. The results lead to a better understanding of the participation determinants and the distributional aspects of the Chilean system, lay the groundwork for policy changes, and illuminate implications of the system reforms for other countries.

    Institutional transformation and strengthening of Latin America’s ministries of finance: From control to the strategic use of public resources for development

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    The institutional development of ministries of finance determines their capacities to achieve fiscal policy objectives (sustainability) and contribute to economic policy objectives. This study analyses the institutional transformation of ministries of finance in Latin America. Methodologically, it examines the functions assigned by law (legal-regulatory frameworks). Analytically, it proposes two categories of functional models (traditional models focused on spending control and modern ones focused on strategic spending management). Successful institutional strengthening processes have at least four dimensions: development of regulations, processes, and methodologies; recruiting and training of human talent; the development and implementation of digital government tools; and the financial resources to develop these dimensions. The COVID-19 pandemic has exposed the weaknesses suffered by institutions in their capacities to meet economic and social challenges. This study highlights the need to close gaps in the institutional development of ministries of finance and move away from a traditional functional model towards a more modern one, in order to tackle challenges of macroeconomic and fiscal policy and quality and inclusion in public services.Introduction .-- I. The Institutional Transformation of Ministries of Finance in Latin America .-- II. Levels of Institutional Development in Latin American Ministries of Finance: Traditional, in Transition, and Modern .-- III. Institutional Reforms and Changes in the Region’s Ministries of Finance, 2010–2020 .-- IV. Conclusions and Challenges in the Institutional Sphere

    The Chilean Pension Reform Turns 25: Lessons From the Social Protection Survey

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    In 1980, Chile dramatically reformed its retirement system, replacing what was an old insolvent PAYGO program with a new structure that relies heavily on funded defined contribution individual accounts. In addition, eligibility and benefit requirements were standardized, and a safety net for old-age poverty was strengthened. Twenty-five years after this reform, the Chilean model is being re-assessed, in terms of coverage, contribution, investment, and retirement benefit outcomes. This paper introduces a recently-developed longitudinal survey of individual respondents in Chile, the Social Protection Survey (or Encuesta de Previsión Social, EPS), and illustrates some uses of this survey for microeconomic analysis of key aspects of the Chilean system.

    Política fiscal y protección social: sus vínculos en la experiencia chilena

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    Incluye BibliografíaResumen En Chile, la política fiscal ha cumplido distintos roles en estos últimos años, entre los más destacados pueden mencionarse los siguientes: (i) ha ayudado a la estabilidad macroeconómica y con ello ha potenciado el crecimiento económico; (ii) ha generado un financiamiento estable y equilibrado para el sistema de protección social, y (iii) ha influido en la institucionalidad de las políticas sociales y del sistema básico de protección social. Este trabajo explora y profundiza en estos roles, investigando en sus relaciones y analizando cuán vinculados están unos con otros en la experiencia fiscal-social chilena de estos últimos años. El desarrollo y financiamiento estable del sistema de protección social ha sido una de las prioridades de la política fiscal en Chile durante los últimos doce años. La reducción de la pobreza e indigencia, la política de igualdad de oportunidades y la lucha contra las inequidades han sido los principales ejes de la política social, registrándose progresos en esta materia, en especial, a partir de la década de los años noventa. El caso chileno asoma como un ejemplo en cuanto a un manejo prudente y ordenado de las cuentas fiscales y una conducción que ha privilegiado la mantención de los equilibrios y la eficiencia de la gestión por sobre visiones de corto plazo. En efecto, durante los años noventa Chile ha logrado compatibilizar un apoyo fiscal sostenido para el desarrollo social -inclusive durante el período de desaceleración económica (1998-2002)- junto con la disminución de la deuda bruta del Gobierno Central desde 43,8% a 15,9% del PIB entre 1989 y 2002. La implementación de la regla fiscal basada en la mantención de un superávit estructural de 1% del PIB ha permitido que el gasto fiscal social cumpla un papel anticíclico durante los últimos años. Su aplicación le ha dado estabilidad al desarrollo de políticas públicas que, junto con la mantención de los equilibrios fiscales necesarios, ha permitido orientar las expectativas de los agentes económicos respecto a la dirección de la política fiscal. Desde el punto de vista de las políticas sociales, la estabilidad que la aplicación de esta regla le ha dado al desarrollo de políticas públicas es tanto o más importante que la capacidad contracíclica de las finanzas públicas y la credibilidad de la señal de mediano plazo que la misma genera. Al darle estabilidad a los niveles de gasto público, la aplicación de la regla de superávit estructural ha permitido continuar incrementando el gasto público social y de inversión, y enfrentar con nuevos programas las consecuencias de la desaceleración económica, lo que se ha combinado con un fuerte esfuerzo de reasignación de recursos. Ello se refleja claramente en la evolución reciente del gasto social y la inversión pública, cuyo crecimiento promedio estimado entre 2001 y 2003 es de 5,8% y 7,9% real anual, respectivamente, cifras que son superiores al crecimiento promedio del gasto público total durante dicho período (4,6%). A pesar de estos avances, la pobreza aún es una realidad y los pobres continúan siendo vulnerables a riesgos de reducciones drásticas en sus ingresos. Como consecuencia, surge un conjunto de desafíos en cuanto a la modernización de la política fiscal y al desarrollo de un nuevo orden institucional del sistema de protección social. En relación a la modernización de la política fiscal, ha sido propuesto, entre otras medidas, profundizar el manejo de las finanzas públicas bajo un enfoque intertemporal y contracíclico. Ello conlleva, por ejemplo, una mejor medición, monitoreo y manejo de los pasivos contingentes y sus efectos de mediano plazo. Respecto del nuevo orden institucional del sistema de protección social y sus desafíos, se requiere que este sistema evolucione, para que los instrumentos y políticas diseñados para la población en extrema pobreza puedan consolidar el objetivo de entregar una red básica de protección social a la población más vulnerable. El sistema de protección social en Chile debería enfrentar un proceso de modernización donde los esfuerzos de las redes de protección sean coordinados y administrados de forma más eficiente y en una institucionalidad flexible y más descentralizada que permita este objetivo. Ello, junto con la creación de un sistema de información de protección social que permita optimizar el funcionamiento de la red básica. Esta modernización debería contemplar una revisión exhaustiva del conjunto de subsidios, transferencias, fondos y programas de apoyo actualmente existentes, con el objeto de construir a partir de ellos un sistema de protección social bajo la responsabilidad de una única institución. Este debería ser uno de los principios ordenadores del nuevo sistema de protección social, el concepto de ventanilla única". Un segundo principio en el diseño de un nuevo orden institucional es el cambio de unidad o núcleo de focalización. La familia, y no el individuo, puede convertirse en la unidad de referencia para la focalización de la acción pública. El tercer principio clave para el nuevo orden institucional del sistema básico de protección social consiste en focalizar el esfuerzo prioritario en la población indigente y la pobreza, especialmente rural, siendo ambas realidades de extrema dureza. Con este tipo de diseño se favorecerá una mayor integración de las políticas públicas y mejor coordinación de los programas sectoriales, evitando de esta manera la duplicación de esfuerzos y recursos públicos. El gran desafío hacia el futuro puede sintetizarse en que -a través de un proceso de desarrollo económico sostenido- puedan consolidarse las soluciones al problema de la pobreza y se alcance un sistema estable e integrado de protección social que facilite la igualdad de oportunidades, en especial, para las familias más vulnerables. El desamparo social obstaculiza cualquier idea de alcanzar una sociedad democrática.

    The Chilean Pension Reform Turns 25: Lessons from the Social Protection Survey

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    In 1980, Chile dramatically reformed its retirement system, replacing what was an old insolvent PAYGO program with a new structure that relies heavily on funded defined contribution individual accounts. In addition, eligibility and benefit requirements were standardized, and a safety net for old-age poverty was strengthened. Twenty-five years after this reform, the Chilean model is being re-assessed, in terms of coverage, contribution, investment, and retirement benefit outcomes. This paper introduces a recently-developed longitudinal survey of individual respondents in Chile, the Social Protection Survey (or Encuesta de Previsión Social, EPS), and illustrates some uses of this survey for microeconomic analysis of key aspects of the Chilean system

    Reforma a los sistemas de pensiones y los desafíos de la dimensión de género

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    Incluye BibliografíaLa reforma estructural a los sistemas de pensiones ha sido tal vez el proceso de cambio más profundo e importante entre las políticas sociales implementadas en América Latina en los 90s. Los impactos sociales de estas reformas se han analizado, sin embargo, principalmente desde la perspectiva económica y financiera. Este trabajo pretende explorar la dimensión de género y la protección social de las mujeres en la implementación de reformas a los sistemas de pensiones. La experiencia del caso chileno indica que el sistema de pensiones de capitalización individual tiene un impacto diferenciado entre hombres y mujeres. La reforma chilena introdujo un nuevo sistema de pensiones que se caracteriza por entregar beneficios de acuerdo a las contribuciones y riesgos individuales. De esta manera, las mujeres asumen en forma directa las desventajas que enfrentan en el mercado del trabajo, bajos salarios y menores años de contribuciones, así como también, su mayor esperanza de vida y su menor edad de retiro. En este contexto, las mujeres obtendrán menores pensiones en promedio que los hombres. Utilizando un modelo de simulación con individuos representativos y un caso base determinado, se obtiene que las mujeres obtendrían una tasa de reemplazo del 43% mientras que para el hombre representativo esta alcanzaría un 58%. En todos los análisis de sensibilidad realizados, las mujeres obtienen menores tasas de reemplazo que los hombres. Dado que las reformas a los sistemas de pensiones modifican las condiciones en que hombres y mujeres acceden a los beneficios previsionales, incorporando la lógica de los sistemas privados de seguros, este trabajo subraya la importancia de incorporar explícitamente en dicho diseño la dimensión de género, en la búsqueda de nuevos enfoques en el diseño de políticas públicas, especialmente aquéllas referidas al bienestar de las familias
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