La Declaratoria de daño ambiental en la vía administrativa ¿Resulta una vía eficaz para reparar de manera integral el daño ambiental Per Se?

Abstract

The Constitution of the Republic of Ecuador marked a global milestone in the protection of nature. For the first time worldwide, nature was granted the status of a subject with rights. As such, it became necessary to implement several measures to ensure the respect of natural life cycles and prevent anthropogenic activities from resulting in environmental damage. Nevertheless, it is undeniable that the execution of activities, projects, or developments inherently carries a certain degree of risk for society. Although mechanisms exist to prevent environmental harm, damage may still occur. The Constitution is clear in this regard, obligating the State to directly address and remedy environmental damage when it occurs, and subsequently initiate administrative and judicial actions against the operator responsible for causing said damage. The declaration of environmental damage can be carried out through two avenues: (i) administrative; and (ii) judicial. This article aims to analyze whether declaring environmental damage through administrative proceedings constitutes an effective mechanism in fulfilling the State’s obligation of providing full reparation. To achieve this, it is necessary to examine the various aspects of environmental damage and the procedures established under the Organic Environmental Code, the Organic Administrative Code, and the Regulations of the Organic Environmental Code, in order to determine environmental damage and understand the implications this has for both the operator and the State.La Constitución de la República del Ecuador marcó un hito a nivel mundial en materia de defensa de la naturaleza. Por primera vez en el mundo se otorgó a la naturaleza la calidad de sujeto de derechos. Así pues, era necesaria la implementación de varias medidas con el fin de hacer respetar los ciclos de vida natural y evitar que las acciones antrópicas deriven en el daño ambiental. No obstante, de ello es innegable que la ejecución de actividades, obras o proyectos conllevan en sí mismo un fator de riesgo para la sociedad y que si bien existen mecanismos para evitar el daño ambiental; el mismo puede ocurrir. La Constitución es sumamente clara y obliga al Estado a reparar de manera directa ante la ocurrencia de un daño ambiental para, posteriormente, activar las acciones administrativas y jurisdiccionales en contra del operador causante del daño ambiental. La declaratoria del daño ambiental puede realizarse por dos vías (i) administrativa; y, (ii) jurisdiccional. El presente artículo pretende analizar si es que la declaratoria del daño ambiental en la vía administrativa constituye un mecanismo eficaz en cuanto se refiere a la obligación que el Estado tiene sobre la reparación integral. Para ello es necesario conocer los diferentes aspectos del daño ambiental y el procedimiento a la luz del Código Orgánico del Ambiente, Código Orgánico Administrativo; y, el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente para la determinación del daño ambiental y las implicaciones que esto conlleva al operador y al Estado