Durante el año 2011 se incorporaron modificaciones en la ley 25.246, en materia
de sanciones y poderes otorgados a la UIF. Las mismas surgieron como consecuencia
de recomendaciones realizadas por el GAFI, dado que Argentina pasó a formar parte
desde Junio 2011 de una lista en la cual se incluyen aquellos países con problemas
para combatir el lavado de activos y con deficiencias estratégicas en su sistema de
antilavado.
Con el fin de poder aplicar las recomendaciones aportadas por el GAFI y poder
evitar de esta manera sanciones a nivel internacional, se realizaron diversas
modificaciones sobre la Ley de Lavado de Dinero entre las que se destaca el tema
del levantamiento del Secreto Fiscal y Profesional.
El artículo 14 de la Ley 25.246 establece, que la Unidad de Información
Financiera (UIF) está facultada para solicitar información a un punto tal que no se
podrá oponer "el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos
legales o contractuales de confidencialidad".
En el presente trabajo de investigación se seleccionó como objeto de estudio la
situación que se plantea al Contador Público - Auditor de Estados Contables y Síndico
Societario – y a los integrantes de la AFIP en relación a la Ley de Encubrimiento y
Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y su obligación de guardar secreto
profesional y fiscal de lo actuado.
El enfoque se realizó desde la obligación legal del fisco y del profesional de
brindar información en los términos del cumplimiento del artículo 14 de la ley 25.246
ante la Unidad de Información Financiera (U.I.F). Ello a su vez genera en el profesional
un conflicto ético-social dentro de la relación con su mandante por cuanto estaría
quebrantando el deber de Secreto Profesional establecido en el Código de Ética,
mientras que generaría además para el fisco un conflicto legal por cuanto la Ley de
Procedimiento Tributario exige expresamente la no divulgación de información en el
artículo 101.
El objetivo general de este trabajo es, determinar si el Contador Público y la
AFIP pueden proteger su Secreto Profesional y Fiscal cumpliendo con la Ley de Procedimiento Tributario y el Código de Ética, ante disposiciones establecidas en la
última reforma de la Ley de Lavado de Dinero. El análisis se realizará en función de los
bienes jurídicos protegidos por los Secretos y por la Ley 25.246, para determinar su
jerarquía constitucional, y de esta manera saber si se puede lograr su protección.
Luego de que se haya llevado a cabo el presente trabajo, a manera de resumen
se puede mencionar que los bienes amparados por la Ley de Lavado de Dinero tienen
una jerarquía mayor, dado que con ellos se comprometen derechos superiores en la
escala de valores constitucionales, como lo son el orden y la moral pública
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