Mecanismo procesal internacional para la protección de los derechos humanos vulnerados por el hacinamiento carcelario en Colombia : (Análisis a partir del hacinamiento presentado en Quibdó durante los años 2013-2015)

Abstract

La investigación se abordó desde la perspectiva de los derechos humanos, en atención a que el hacinamiento carcelario en Colombia, en especial en la cárcel Anayancy de Quibdó, evidencia una clara y sistemática violación de la Carta Interamericana de Derechos Humanos (Abadía, 2013). Al respecto conviene decir que la palabra hacinamiento, como acción y efecto de hacinar, significa amontonar, acumular o juntar sin orden (Real Academia Española, 2014). Ahora bien, la crisis del Hacinamiento Carcelario en Colombia ha desbordado el Sistema Penitenciario. Según la sentencia C-153 del 1998 de la Corte Constitucional, en la cual se declaró el estado inconstitucional de cosas en los centros de reclusión nacionales, se identificó con preocupación la existencia de tres fenómenos contiguos: a. La existencia de una situación de hacinamiento que vulnera los derechos fundamentales. b. Que dicha violación era generalizada, ya que afectaba a una multitud de personas. c. Que las causas de la situación eran de naturaleza estructural, pues no se originaban de manera exclusiva en la autoridad demandada, razón por la cual, su solución exigía la acción coordinada de distintas autoridades. Al respecto, y frente al caso específico objeto de investigación, debe indicarse que, según Abadía el centro carcelario Anayancy de Quibdó está diseñado para albergar alrededor de 280 internos sin embargo, sostiene el autor, en el año 2013 llegó a alojar 713 internos entre condenados y sindicados (Abadia, 2013), es decir, que este establecimiento cuenta con un hacinamiento de más del ciento cincuenta por ciento (150%). Ello sin duda contraviene La Convención Americana sobre Derechos Humanos (o “Pacto de San José de Costa Rica”), adoptada en 1969 y en vigencia desde 1978, la cual contempla una serie de derechos fundamentales, así como establece la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos como los órganos encargados de dar protección y monitorear el cumplimiento de las obligaciones emanadas de dicho instrumento internacional (Abadia, 2013)