Cada día que pasa son más y más las noticias de que otros países, nuevas regiones, más pueblos, expresan de una manera u otra su rechazo a los alimentos y cultivos transgénicos. Tras el anuncio de que Polonia paralizó sus cultivos modificados genéticamente (OMG), uniéndose a países como Francia, Alemania, Austria Luxemburgo, Hungría o Grecia, el senado italiano ha aprobado por unanimidad la orden que obliga a los ministerios de Agricultura, Ambiente y Sanidad, a adoptar la cláusula dePRIMAVERA 2013salvaguardia respecto a los OMG. Más cerca de nuestras casas, el pleno del ayuntamiento de Betxí, localidad castellonense, se ha declarado recientemente Municipio Libre de Transgénicos, solicitando además a la diputación de Castellón que declare la provincia libre de estos cultivos. De esta forma, Betxí pasa a engrosar la ya extensa lista de municipios, provincias y comunidades que han mostrado abiertamente este rechazo a los transgénicos y su apuesta por modelos agrarios enmarcados en la sostenibilidad y el apoyo a las economías locales. Sin embargo, a nivel estatal, los sucesivos gobiernos españoles, haciendo oídos sordos a su ciudadanía, se han mostrado cómplices de la industria biotecnológica, permitiendo el cultivo de más de 100.000 hectáreas de maíz modificado y numerosos experimentos al aire libre de otros cultivos.Desde hace años, son organizaciones agrarias, ecologistas, de consumidores y plataformas ciudadanas las que denuncian estos hechos. Pero ¿cuál puede ser nuestro apoyo a este creciente movimiento
