Análisis de las políticas públicas y leyes que implementó el gobierno del Ecuador entre 2009 y 2017 en favor de la inclusión social de las personas con discapacidad a través del enfoque de capacidades de Amartya Sen y la ciudadanía universal de Martha Nussbaum

La población discapacitada en el Ecuador se ha caracterizado en términos generales, por ser un grupo que históricamente ha tenido poca o nula atención por parte del Estado y sus administraciones. A partir del año 2007, sin embargo, el gobierno de turno, autoproclamado ‘progresista’, planteó tratar de modo distinto el tema de la inclusión social y la participación de éste y otros grupos de atención prioritaria al interior de la sociedad. De ésta manera, propuso a través de la Constitución de 2008 y las políticas públicas promulgadas dentro del ‘Plan Nacional para el Buen Vivir’, que el tratamiento de las discapacidades y las condiciones sociales ‘discapacitantes’, se realice de manera transversal dentro del plan de gobierno. Así, es que en el presente trabajo, se propone analizar las políticas públicas, reformas y estrategias sociales en favor de las personas con discapacidad adoptadas entre 2009 y 2017, a través del enfoque de las ‘capacidades’ de Amartya Sen y Martha Nussbaum; esto, con el fin de determinar si las acciones públicas implementadas durante dicho periodo, pueden ser interpretadas a partir del marco teórico propuesto; y si éstas, responden o no, a las consideraciones que ambos autores comparten sobre el ‘desarrollo humano’. Sobre el análisis de las políticas públicas promulgadas en favor de las personas con discapacidad en contraste con los conceptos y principios del enfoque de las ‘capacidades’, se puede extraer que, debido a que ambos autores entienden que los individuos en general, disponen de una serie de capacidades comunes que resultan “fines” en sí mismos, éstos, no pueden ser tratados como un mero objeto. Las «capacidades humanas» entendidas como aquello que las personas son efectivamente capaces de ser o hacer, permitirían plantear la idea de un mínimo social básico de justicia, abierto al diálogo y al consenso político y ciudadano