La morosidad en las operaciones comerciales

Al amparo del principio de la libertad de pactos, los aplazamientos de pago constituyen un fenómeno habitual en la contratación empresarial, sin embargo, en lo últimos tiempos se han puesto de manifiesto sus efectos negativos. El excesivo alargamiento en los plazos de pago y el incumplimiento del contrato constituyen un grave problema en la Unión Europea, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. La existencia de grandes divergencias en los plazos de pago entre los países del norte y los del sur de Europa producían repercusiones negativas en el desarrollo del mercado interior, ya que limitaban las operaciones comerciales entre los Estados miembros.Para dar una solución a todos estos problemas las instituciones comunitarias pusieron en marcha, a principios de los años 90 del siglo XX, un proceso que culminó con la aprobación de la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. La Directiva se incorporó al ordenamiento jurídico español por medio de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, El objetivo principal de esta tesis consiste en el estudio de la morosidad comercial desde el Derecho positivo español, con el fin de comprobar si las medidas legislativas que se han tomado son las adecuadas para atacar las causas de la frecuente morosidad en las relaciones empresariales y entre las empresas y las Administraciones públicas. Requisito previo en nuestro análisis ha sido el estudio de la indicada Directiva de morosidad y de su posterior reforma por la Directiva 2011/7/UE, ya que ha sido su transposición al Derecho español la que ha dado lugar a la aprobación de la Ley de 2004, modifcada por la Ley 15/2010, de 5 de julio por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales