Application of Semantics to Solve Problems in Life Sciences

Fecha de lectura de Tesis: 10 de diciembre de 2018La cantidad de información que se genera en la Web se ha incrementado en los últimos años. La mayor parte de esta información se encuentra accesible en texto, siendo el ser humano el principal usuario de la Web. Sin embargo, a pesar de todos los avances producidos en el área del procesamiento del lenguaje natural, los ordenadores tienen problemas para procesar esta información textual. En este cotexto, existen dominios de aplicación en los que se están publicando grandes cantidades de información disponible como datos estructurados como en el área de las Ciencias de la Vida. El análisis de estos datos es de vital importancia no sólo para el avance de la ciencia, sino para producir avances en el ámbito de la salud. Sin embargo, estos datos están localizados en diferentes repositorios y almacenados en diferentes formatos que hacen difícil su integración. En este contexto, el paradigma de los Datos Vinculados como una tecnología que incluye la aplicación de algunos estándares propuestos por la comunidad W3C tales como HTTP URIs, los estándares RDF y OWL. Haciendo uso de esta tecnología, se ha desarrollado esta tesis doctoral basada en cubrir los siguientes objetivos principales: 1) promover el uso de los datos vinculados por parte de la comunidad de usuarios del ámbito de las Ciencias de la Vida 2) facilitar el diseño de consultas SPARQL mediante el descubrimiento del modelo subyacente en los repositorios RDF 3) crear un entorno colaborativo que facilite el consumo de Datos Vinculados por usuarios finales, 4) desarrollar un algoritmo que, de forma automática, permita descubrir el modelo semántico en OWL de un repositorio RDF, 5) desarrollar una representación en OWL de ICD-10-CM llamada Dione que ofrezca una metodología automática para la clasificación de enfermedades de pacientes y su posterior validación haciendo uso de un razonador OWL

Optimizing a Simple Natural Dye Production Method for Dye-Sensitized Solar Cells: Examples for Betalain (Bougainvillea and Beetroot Extracts) and Anthocyanin Dyes

We present a study about the sensitizers extracted from natural resources. This paper focuses on how to select, extract and characterize natural dyes, giving some guides to establish a protocol for the whole process of fabricating and using these dyes. The influence of the extraction solvent and method, and of parameters such as pH are analyzed. Also, dye precursor and dye extract stability have been studied, as well as how the dye adsorbs onto substrates and the effect of mixing or concentrating the extracts. Results concerning betalain pigments present in bougainvillea and beetroot extracts, and anthocyanins in eggplant extracts, analyzed by using UV-Vis spectrometry, are included. As an example of application, we report procedures intended to test and enhance the dye potential as a main component of dye-sensitized solar cells (DSSCs). DSSCs mimic nature’s photosynthesis and have some advantages like an easy and low-cost fabrication procedure. Their efficiency depends on its design and fabrication process and also on the different components involved. Hence, optimizing each component is essential to achieve the best performance, and thus the dye used as a sensitizer is crucial. We fabricate cells by using a simple procedure: As the interest is focused on the sensitizer, the same consecutive steps are followed, varying only the dye extract. Among all the natural-dyes tested, beetroot extract reaches up to 0.47% cell efficiency, which is near the highest values found in literature for this pigment

La iniciativa popular reglamentaria como forma de participación de los vecinos en la elaboración de disposiciones generales de carácter local

La Constitución promueve la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos a lo largo de su articulado. Así, el artículo 9.2 recoge el deber de los poderes públicos de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. La participación ciudadana queda elevada a la categoría de principio constitucional. Posteriormente este principio proyecta su influencia sobre los distintos ámbitos de actuación pública, tanto a nivel legislativo como administrativo y judicial, de forma que todos los ámbitos funcionales de lo público tienen reconocida en el texto constitucional una forma de participación ciudadana

Fair value on commons-based intellectual property assets: Lessons of an estimation over Linux kernel.

Open source describes practices in production and development that promote access to the end product's source materials, spreading development burden amongst individuals and companies. This model has resulted in a large and efficient ecosystem and unheralded software innovation, freely available to society. Open source methods are also increasingly being applied in other fields of endeavour, such as biotechnology or cultural production. But under financial reporting framework, general volunteer activity is not reflected on financial statements. As a result, there is not value of volunteer contributions and there is also no single source for cost estimates of how much it has taken to develop an open source technology. This volunteer activity encloses not only individuals but corporations developing and contributing open source products. Standard methodology for reporting open source asset valuation is needed and must include value creation from the perspective of the different stakeholders.FLOSS, commons, accounting standards, financial reporting

La participación de los entes locales en los supuestos de alteración de los límites provinciales.

La posibilidad de modificación de los límites provinciales está prevista en el artículo 141.1 de la Constitución. Conforme a este artículo, cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Puede decirse por tanto que la alteración de los límites provinciales es una competencia estatal.Sin embargo, no se puede negar que los intereses presentes en la alteración de los términos provinciales superan los intereses locales, tanto municipales como los de la propia provincia en su consideración como Administración local. Esta es la razón por la cual la modificación de los límites provinciales no puede ser nunca consecuencia directa o indirecta de la alteración de los términos municipales. la alteración de los límites provinciales, pero dada la transcendencia de dicha alteración, implican también intereses supramunicipales, razón por la cual su apreciación ha de realizarse por una instancia supramunicipal que la Constitución residencia en una de las instituciones del Estado, y en concreto en el poder legislativo. No obstante, cabe preguntarse si en el procedimiento conducente a la alteración provincial hay algún espacio para la participación municipal y para la ponderación de dichos intereses por parte de las instancias estatales con capacidad de decisió

La celebración de consultas populares locales a petición de los vecinos.

Las consultas populares son una forma de democracia participativa, que alcanza reconocimiento legislativo en el ámbito de la Administración local, y a través de las cuales los vecinos de un municipio pueden expresar su opinión sobre asuntos relevantes de la competencia local. No constituyen una manifestación de soberanía popular, ni implican el ejercicio de poder político, sino que se insertan en el marco de una función o actividad de naturaleza administrativa que implica la colaboración de los ciudadanos con la Administración. Cuando además se plantean a iniciativa de los vecinos el principio de participación democrática en la actividad administrativa alcanza su máxima expresión. En este trabajo se analiza la verdadera naturaleza jurídica de las consultas populares locales teniendo en cuenta la STC 103/2008 de 11 de septiembre, relativa a la inconstitucionalidad de la Ley del Parlamento Vasco 9/2008, de 27 de junio, que ha perfi lado el régimen jurídico del referéndum consultivo,

La obligación de resolver y el régimen de comunicaciones y notificaciones electrónicas

El artículo 42 de la Ley 30/92, modificado por la Ley 4/1999 de 13 de enero, establece la obligación de la Administración de dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. La modificación de la citada Ley amplió la obligación de resolver de la Administración, al extenderla a todo tipo de procedimientos, independientemente de cual sea su forma de iniciación. Pero la Ley vincula muy estrechamente esta obligación con el deber de comunicación y notificación a los interesados tanto de la resolución final que se adopte, como de los aspectos previos a la resolución relacionados con esta obligación, es decir, momento en que se entiende iniciado el procedimiento administrativo, plazo para resolver y sentido del silencio administrativo en caso de que no se resuelva (y notifique) en el plazo previsto

El sistema electoral europeo: cuando el todo no equivale a la suma de las partes

El procedimiento de elección de los miembros del Parlamento europeo tiene una enorme repercusión en la correcta configuración y funcionamiento de la arquitectura institucional de la Unión Europea, al incidir sobre el correcto funcionamiento de la democracia representativa en que aquella se sustenta. Su influjo se proyecta también en la consolidación de un concepto de ciudadanía, esencial para que prospere el proyecto de integración. Al tratarse de un procedimiento democrático llamado a determinar la composición de una institución de naturaleza supranacional, las instancias europeas están llamadas a incidir en su regulación. Y en este sentido, y sólo en el ámbito de las elecciones al Parlamento europeo, se ha reconocido a la citada institución la capacidad para proponer al Consejo las disposiciones necesarias para la elección de sus miembros por sufragio universal directo, de acuerdo con un procedimiento uniforme, o, en su defecto, de acuerdo con unos principios comunes que unifiquen la materia. Cualquiera de estos dos objetivos ha probado ser harto difícil, desde el momento en que los estados se atrincheran en su soberanía y son incapaces de ceder terreno en esta materia. Buena prueba de ello es la reforma del Acta electoral europea, aprobada en 2018, y con la que encaramos las pasadas elecciones. Analizamos en este artículo la necesidad de articular un procedimiento electoral europeo y las repercusiones de futuro que pueden derivarse de la incapacidad para consensuar un mínimo electoral entre los estados miembros.The procedures for electing members of the European Parliament are governed both by European legislation defining common rules for all Member States and by specific national provisions, which vary from one state to another. The last amendments to the 1976 Electoral Act were adopted by Council Decision (EU, Euratom) 2018/994, July 13, 2018, which includes provisions on the possibility of different voting procedures; on thresholds; on the protection of personal data; on the penalisation of ‘double voting’ by national legislation; on voting in third countries; and on the visibility of European political parties on ballot papers. However, many other important matters, such as the precise electoral system and the number of constituencies, are governed by national laws. This paper deals with the impact of electoral procedures on the organization and operation of the European Parliament and the European Union and analyzes the difficulties in establishing a common electoral procedure for the election of members of the European Parliament

La imposición de prestaciones personales en concepto de sanción en el ámbito educativo

El examen de la normativa que regula el régimen jurídico de la enseñanza no universitaria pone de manifiesto que las normas que regulan la convivencia en los centros educativos prevén el recurso a unas medidas que permiten imponer al alumnado su colaboración en la realización de tareas «que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro y que pueden imponerse dentro o fuera del horario lectivo». Desde el punto de vista de su contenido, la adopción de estas medidas implica la realización de una prestación personal que comporta el surgimiento de una obligación positiva de hacer por parte del sujeto sancionado. Y la primera cuestión que suscitan es la de determinar su naturaleza jurídica, puesto que de ello dependerá su régimen jurídico. A pesar de la terminología eufemística empleada por algunas de las normas que regulan el régimen de la convivencia escolar y que hablan de conductas contrarias a las normas de convivencia y mecanismos de corrección, no se puede negar que en realidad estamos ante sanciones administrativas, aunque las finalidades establecidas para dichas sanciones no son de carácter estrictamente punitivo o sancionador, sino que buscan adicionalmente un efecto educativo sobre el alumno, dado que estamos hablando de sanciones que recaen sobre menores de edad, lo que plantea el problema de la edad mínima a partir de la cual pueden imponerse tales sanciones. Partiendo pues de su naturaleza jurídica sancionadora, hay que tener en cuenta que dichas medidas se imponen en el marco de una relación de sujeción especial, que es precisamente aquella que liga la Administración con los estudiantes, y ello implica ciertas peculiaridades en la aplicación de algunos de los principios que rigen el derecho sancionador, tales como el principio de legalidad

La celebración de consultas populares con motivo de la aprobación inicial de un plan general de ordenación urbana.

Las consultas populares son una forma de participación ciudadana prevista en el artículo 71 de la LRBRL que permite conocer la opinión de los vecinos sobre asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean relevantes para la comunidad vecinal. En el presente trabajo se analiza la posibilidad de plantear la consulta popular con motivo de la aprobación inicial de un plan de ordenación urbana, materia que presenta peculiaridades específicas dada la concurrencia de intereses y por tanto de competencias que puede apreciarse en su procedimiento de elaboración. Para ello se toma como referencia la reciente STS de 23 de septiembre de 2008, que partiendo de la distinción entre competencias propias y competencias exclusivas, admite la posibilidad de su planteamiento, anulando el acuerdo del Consejo de Ministros que había desestimado la petición de autorización de la consulta, lo que permite realizar una serie de consideraciones sobre las consultas populares y su virtualidad como mecanismo de participación ciudadana en el procedimiento de elaboración del planeamiento